La Conferencia sobre la situación de las parejas homosexuales en la Unión Europea (UE) colocó hoy a España como referencia de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Según Philippe Orillac, presidente de la asociación L’Autre Cercle, que organiza la conferencia con el patrocinio del Consejo de Europa, España es un modelo a seguir porque la ley de 2005 supone “la igualdad entre homosexuales y heterosexuales”.
“La sociedad no tiene nada que perder con la aprobación de uniones de parejas del mismo sexo”, agregó el presidente de L’Autre Cercle (El otro círculo, en referencia al símbolo masculino y femenino) durante su intervención, en la que subrayó que “no se trata de favorecer a gays y lesbianas, sino de que tengan igualdad”.
La conferencia, en la que participan hasta mañana 32 intervinientes de 18 países, contó con la asistencia del profesor de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid Ignacio Pichardo, quien destacó que en España hay más matrimonios entre un español y un extranjero del mismo sexo (47 %) que entre dos españoles (42 %), según datos de 2009.
El profesor citó también algunas dificultades de las familias homosexuales en el acceso a los servicios, la educación, la discriminación laboral y la movilidad en el exterior.
En declaraciones a Efe, Pichardo destacó que los países que permiten en su legislación el matrimonio homosexual ofrecen más derechos a este colectivo que los que contemplan la unión civil, por ejemplo en materia de herencias.
Entre los primeros, se encuentran Noruega, Islandia, Holanda, Suecia, Bélgica, España y Portugal, mientras que en los segundos están Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca e Irlanda, entre otros.
La conferencia se centró en la movilidad y la residencia de parejas homosexuales y comprobó cómo un español y un francés casados en España no tienen los mismos derechos si viven en un país o en otro.
El Comité de Ministros del Consejo de Europa, compuesto por representantes de los 47 estados miembros de esta organización paneuropea, aprobó en 2010 una recomendación a los gobiernos de sus países contra la discriminación por la identidad de género.
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